El derecho a la participación es un principio consagrado en nuestro marco jurídico acorde con los instrumentos internacionales. Así, el Plan Nacional De Derechos Humanos 2014 – 2016 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014) cuenta con dos Lineamientos Estratégicos referidos al derecho a la participación. El Nº 2 “Diseño y fortalecimiento de la política pública de promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales” en lo que concierne al acápite de Derechos Ambientales que contempla el Objetivo Nº 17: Fortalecer los mecanismos de participación de las personas en materia ambiental; y el Nº 3 “Diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección” en lo que respecta los Pueblos indígenas considera el Objetivo Nº 23: Incrementar los niveles de confianza entre el Estado y los pueblos indígenas mediante la consolidación de espacios de coordinación y diálogo permanente. 

Por su parte, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 (Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 2013) está orientado a consolidar un Estado Moderno caracterizado por estar orientado al ciudadano, ser eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas). En tal sentido uno de los objetivos de política es asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades.

Así mismo, la Política Nacional del Ambiente (Ministerio del Ambiente – MINAM, 2009) considera el eje de Gobernanza Ambiental uno de cuyos objetivos refiere a “Posicionar el tema ambiental en las decisiones de Estado articulando las capacidades nacionales, creando sinergias y promoviendo una activa participación ciudadana”. Por tanto, el derecho a la participación se pone de manifiesto explícitamente en la legislación sectorial. Corresponde entonces procesos efectivos de participación ciudadana para contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gobernabilidad y gobernanza en el país.

La calidad de la democracia está en función del grado en el que se los diferentes sectores de la sociedad están representados y participan en los procesos de toma de decisión. Ahora bien, se reconoce explícitamente que éste no es un proceso fácil en tanto no sólo hay una gran diversidad entre sectores sino también al interior de cada uno de los sectores y los grupos y subgrupos que los conforman. Esta diversidad se puede poner de manifiesto en visiones, objetivos, perspectivas, intereses, historias, agendas, significados, sentires, discursos, narrativas y prácticas.

Por las razones anotadas anteriormente, es importante conocer a los actores con su propia diversidad y el estado situacional de los temas motivo de la formulación de políticas públicas. Además es necesario conocer cuáles son las grandes visiones que tienen los actores en torno al tema (o temas) articuladas al proceso de formulación de políticas públicas. Este doble ejercicio es sumamente importante para conjugar el diagnóstico con los grandes objetivos estratégicos que tienen los actores.

Desde el Estado es necesario un proceso de alineamiento con los objetivos de planes y estrategias de gestión, tanto los relativos al tema en cuestión como a los grandes objetivos de desarrollo del país. Así mismo es necesario un proceso de alineamiento con los instrumentos internacionales de los cuales el país es signatario tanto los que son de carácter vinculante como aquellos instrumentos que generan vinculancia moral. Desde la sociedad civil y los pueblos indígenas es necesario que los planteamientos de políticas públicas estén articulados a sus propuestas de planes de desarrollo y si no los tuvieran habría que generarlas para que exista un norte que guíe el proceso. Es importante que la sociedad civil y los pueblos indígenas también contrasten sus propuestas con las políticas públicas existentes e instrumentos internacionales para sustentar sus propuestas que ya pueden estar recogidas en estos instrumentos o para señalar explícitamente dónde se requiere procesos de ajuste, de mejoramiento o cambio.

Para favorecer procesos participativos de formulación de políticas públicas hay que conocer los procesos y subprocesos existentes, cuáles son sus coincidencias, cuáles sus diferencias, en qué medida es posible el establecimiento de puentes o reconocer explícitamente dónde existen incompatibilidades iniciales que pueden, o no, convertirse en puntos de encuentro. Lo ideal es que los procesos de diálogo puedan derivar en marcos de entendimiento pero también hay que reconocer aquellas zonas grises donde abiertamente existen diferencias difícilmente homologables. Estos fenómenos no tendrían que sorprendernos porque partimos de reconocer que hay posturas de los actores que parten de diferentes cosmovisiones. El problema no es que existan diferencias sino la poca predisposición para revisar los paradigmas, las creencias y valores. El diálogo genuino trata de un proceso en el que los actores están dispuestos a escucharse unos a otros y aprender del otro. Al finalizar el proceso es posible que se haya alcanzado un gran porcentaje de acuerdos compartidos y se reconozca explícitamente que hay puntos en los que no ha sido posible alcanzar el entendimiento, pero que eso no es motivo para afectar las relaciones.

En este contexto es importante tomar en cuenta, si los hubiera, resultados de procesos de diálogo y concertación entre la sociedad civil, los pueblos indígenas y el Estado. Esto es por un principio básico de respeto a la energía cultural desplegada anteriormente por los interlocutores, por un principio sensato de aprovechamiento de los recursos invertidos en estos procesos, y para dar señales de continuidad en el desempeño institucional. Claro está que estos documentos pueden ser revisados, actualizados y enriquecidos para que esté más tono con el diagnóstico realizado y las proyecciones identificadas. Se reconoce que la naturaleza de los contextos sociales, políticos y económicos son dinámicos.

Para favorecer procesos de diálogo equitativo en los procesos de formulación de políticas públicas, hay que cuidar idealmente que los interlocutores se encuentren en lo posible en las mismas condiciones de poder político, económico, técnico y relacional. Sabemos que esto no siempre es así pero no debe ser una justificación para mantener la asimetría. Por el contrario, es necesario favorecer procesos de participación plena y la información es un factor clave para que los procesos de participación sean mucho más efectivos. Esta información debe ser alcanzada oportunamente, de manera dosificada, debe ser pertinente y con sensibilidad cultural. Ahora bien, si bien es cierto que es obligación del Estado alcanzar la información con las características anotadas, también es importante que las propias organizaciones sociales sepan gestionar la información, incluso avanzar hacia la gestión del conocimiento.

Cuando reconocemos que hay condiciones previas que no van a ayudar a tener procesos simétricos de participación, es necesario atender estas condiciones previas tales como fortalecimiento de organizaciones sociales, fortalecimiento de capacidades para la generación y construcción de propuestas y fortalecimiento de capacidades dialógicas y de incidencia. Uno de los factores que aparece frecuentemente refiere a la representatividad de los actores. En muchas ocasiones las organizaciones regionales no se sienten apropiadamente representados a nivel nacional y en otros casos difieren abiertamente en las propuestas. Siendo el tema de la representatividad un tema clave es importante encontrar un punto de equilibrio entre las representaciones locales, regionales y nacionales. Privilegiar únicamente la dimensión nacional o sólo la dimensión local puede resultar en procesos engorrosos o en falta de legitimación social. Corresponde a cada actor social encontrar sus puntos de equilibrio en la representación tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Constituye además, una invitación para repensar las formas organizativas teniendo presente que las tecnologías de información y comunicación actuales ofrecen nuevos escenarios de relacionamiento social.

A la luz de los procesos de democratización de la sociedad, el fortalecimiento del ejercicio del derecho a la participación existe la necesidad de repensar las formas tradicionales de organización, comunicación y toma de decisiones acorde con la complejidad de los tiempos y los nuevos retos que hemos identificado e interiorizado. Por ejemplo, el tema del cambio climático y la gestión de riesgos no fueron temas que anteriormente se tuvieron muy en cuenta.

Finalmente, hay que tomar en cuenta que la participación basada en el diálogo intercultural es un proceso de encuentro. Importa mucho la escucha mutua, el entendimiento mutuo y verse como actores comprometidos para ser artífices de cambios transformacionales. La participación no es un proceso de imposición, cualquiera sean las razones que se puedan argumentar, sino de deliberación, de búsqueda de caminos compartidos bajo los principios de sostenibilidad, equidad y justicia.